Derechos de los ciudadanos frente a abogados y procuradores
Conocer los derechos de los ciudadanos frente a abogados y procuradores resulta esencial para garantizar una defensa jurídica transparente, rigurosa y basada en la mutua confianza. Acudir a un tribunal o encomendar la defensa de un asunto legal no debe estar rodeado de incertidumbre ni falta de claridad.
El 16 de abril de 2002, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad la Carta de derechos de los ciudadanos ante la Justicia como proposición no de ley a la que se atribuyó carácter vinculante. En su parte III, bajo la rúbrica «Una relación de confianza con Abogados y Procuradores», el texto sistematiza las garantías y facultades que todo cliente puede y debe exigir a sus profesionales.
A continuación, sistematizamos este catálogo de garantías, prestando especial atención a la transparencia económica y a la obligatoriedad de la hoja de encargo profesional.
1. Conducta deontológica y rigor profesional
La defensa procesal y la representación judicial exigen los más altos estándares éticos y técnicos:
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Derecho a un servicio de calidad (apartado 33): El ciudadano tiene derecho a la prestación de un servicio profesional de calidad por parte del Abogado en el cumplimiento de la misión de defensa encomendada, así como por el Procurador en la representación de sus intereses ante los órganos jurisdiccionales.
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Control deontológico y respuesta motivada (apartado 34): Asiste al usuario el derecho de denunciar ante los Colegios de Abogados o de Procuradores las conductas contrarias a la deontología profesional y a conocer a través de una resolución suficientemente motivada el resultado de la denuncia.
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Transparencia en el historial sancionador (apartado 35): El ciudadano tiene derecho a conocer, a través del Colegio Profesional correspondiente, si un Abogado o Procurador ha sido objeto de alguna sanción disciplinaria, no cancelada, por alguna actuación profesional, para lo cual se articula un sistema de consulta de ámbito nacional.
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Riguroso secreto profesional (apartado 36): La confidencialidad es la salvaguarda fundamental de la defensa. Es un derecho exigir que los profesionales que le representen, asesoren o defiendan guarden riguroso secreto de cuanto les revelen o confíen en el ejercicio de sus funciones.
2. Hoja de encargo y derechos de los ciudadanos frente a abogados y procuradores
En el marco de la contratación de servicios legales, la transparencia económica constituye una garantía innegociable sobre los honorarios y la marcha del procedimiento judicial o extrajudicial.
La obligación de emitir presupuesto previo y hoja de encargo (apartado 37)
El apartado 37 de la Carta establece con total rotundidad que el ciudadano tiene derecho a conocer anticipadamente el coste aproximado de la intervención del profesional elegido y la forma de pago.
Para asegurar este derecho, la Carta impone a abogados y procuradores la obligación inexcusable de entregar un presupuesto previo, el cual se materializa formalmente a través de la Hoja de Encargo Profesional:
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Obligación del profesional y derecho del cliente: La entrega de un presupuesto previo no es una cortesía voluntaria; constituye un mandato legal y deontológico. La hoja de encargo formaliza ese presupuesto y actúa como contrato de arrendamiento de servicios vinculante para ambas partes.
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Contenido esencial de la hoja de encargo: Debe definir con precisión el alcance exacto de los trabajos encomendados, los honorarios profesionales pactados (o las bases objetivas para su determinación), los suplidos previsibles, las actuaciones excluidas (como recursos ulteriores o ejecuciones si no se pactan de inicio) y el calendario de pagos o provisiones de fondos.
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Rendición de cuentas del Procurador: En virtud de este mismo apartado, el cliente podrá exigir en cualquier momento a su Procurador una rendición de cuentas pormenorizada y justificada de todos los fondos y suplidos gestionados en el procedimiento.
Formalizar la hoja de encargo por escrito erradica sorpresas económicas, previene discrepancias y ofrece plena tranquilidad tanto al cliente como al despacho.
Información procesal continua y copia de actuaciones (apartado 38)
El cliente no es una figura pasiva ajena a la suerte de su litigio. El apartado 38 consagra el derecho a:
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Obtener del Abogado y del Procurador información precisa y detallada sobre el estado del procedimiento y de las resoluciones que se dicten.
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Exigir la entrega de copia de todos los escritos presentados ante los tribunales y de todas las resoluciones judiciales relevantes que sean notificadas.
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Consultar con su letrado las consecuencias jurídicas de cualquier actuación procesal que deba llevarse a cabo.
Previsión obligatoria del riesgo de condena en costas (apartado 39)
Antes de iniciar cualquier acción ante los órganos judiciales, el justiciable tiene derecho a ser informado con carácter previo por su Abogado y su Procurador sobre las consecuencias de una eventual condena en costas y sobre su cuantía estimada en caso de que la pretensión resultara desestimada.
3. Asistencia jurídica gratuita de calidad
En los supuestos en los que el ciudadano acceda a la tutela judicial efectiva mediante la Asistencia Jurídica Gratuita, las exigencias de rigor y profesionalidad son idénticas:
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Defensa cualificada y supervisión colegial (apartado 40): El ciudadano tiene derecho a ser asesorado y defendido gratuitamente por un letrado suficientemente cualificado y a ser representado por procurador, velando los Colegios Oficiales por el correcto desarrollo de su labor.
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Exigencia de formación continua (apartado 41): El ciudadano ostenta el derecho a exigir una formación de calidad a los profesionales designados por el Turno de Oficio, debiendo las corporaciones colegiales adoptar las medidas necesarias para asegurar dicho nivel formativo.
Catálogo de derechos de los ciudadanos frente a abogados y procuradores: conclusión
La Carta de derechos de los ciudadanos ante la Justicia confirma que acudir a un despacho debe ser un acto de absoluta confianza y claridad. La formalización obligatoria de la hoja de encargo profesional, la entrega puntual de copia de los autos y la advertencia transparente sobre costes y riesgos procesales son pilares que dignifican el ejercicio de la abogacía y protegen al ciudadano.
En nuestro despacho aplicamos escrupulosamente estos principios: cada encargo profesional se inicia con un presupuesto claro y detallado en hoja de encargo, una comunicación directa y continua en cada fase procesal y el máximo rigor técnico en la defensa de sus intereses.
Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia
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